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Medidas Anticautelares
Nueva protección para el deudor vulnerable

(Abog. M. Valentina El Halli Obeid)

Con frecuencia asistimos a personas que se encuentran en situación morosa, quienes desean cumplir con su deuda, pero se encuentran en una situación desventajosa en un momento determinado. Estas nuevas medidas apuntan a proteger los bienes de estas personas, a fin de que puedan continuar trabajando y produciendo.

Según el Dr. Jorge Peyrano, una “medida anticautelar” es una medida autosatisfactiva con una finalidad específica: excluir preventivamente el abuso cautelar. Es decir, una solución urgente no cautelar y autónoma que implica una respuesta expeditiva del poder jurisdiccional en vista a satisfacer postulaciones urgentes avaladas por una fuerte verosimilitud de que le asistiría razón al requirente y por la prestación eventual de una contracautela que respondería por los perjuicios que pudiera acarrear su dictado. En el caso de las denominadas anticautelares, nos topamos con un supuesto de medidas autosatisfactivas donde, hay urgencia, verosimilitud en la razón del requirente y eventualmente otorgamiento de contracautela, pero con un cometido específico: conjurar un posible abuso procesal cautelar.

Lo anterior tiene basamento en la idea de que nuestro derecho ha comenzado a dar un giro en las últimas décadas, a partir de la incorporación de la figura del Abuso del Derecho, ya que hemos dejado de ver al deudor como “culpable”, para pasar a verlo como un individuo vulnerable ante aquél, que antes imaginábamos como justo reclamante, el acreedor, que hoy sabemos, es quien tiene en sus manos el poder de echar por tierra al primero.

Es por ello que han surgido medidas tales como las que vengo a charlar con ustedes, que buscan la protección del deudor en situación desventajosa, frente al acreedor, que muchas veces utiliza su legítima fuerza de manera abusiva. Y creo que ello tiene mucho que ver también con el orden social al que ansiamos llegar en la Argentina, por lo que debemos pensar, ¿es productivo para el Estado como para sus ciudadanos seguir sumando deudores que no puedan afrontar sus deudas?; ¿es productivo generar mayor desazón a una persona que ya se encuentra ante el difícil momento de afrontar una deuda y mayor nerviosismo de aquella que no sabe si podrá o no cobrar su crédito?

Ante la clara respuesta negativa, creo que estas soluciones no sólo mejoran nuestra respuesta judicial, al hacerla más efectiva y más expedita, si no que socialmente se generan mejores recursos y respuestas a fin de lograr la concordia comunal. Y en cualquier caso, ¿No es el fin del derecho lograr la armonía social y velar por el bienestar de los ciudadanos?

Ahora bien, lo que debemos de encontrar es el equilibrio de saber hasta qué punto se debe proteger al deudor sin desabrigar al acreedor en su posibilidad de cobro, y es allí donde creo, debemos atender al punto en común de las dos figuras antípodas, la verosimilitud del derecho que le asiste a cada individuo. Entonces, según el Dr. Peyrano, el deudor debe de demostrar que la traba de una medida cautelar en particular le resultaría especialmente gravosa o que la afectación cautelar de determinados bienes le sería especialmente perjudicial. Así también deberá individualizar, de manera precisa, bienes de su pertenencia que puedan servir idóneamente de asiento de una medida precautoria de recambio, y es allí, donde el acreedor debe encontrar la vía para que su pretensión principal no sea vea desestimada. Oportunamente, éste también tendrá la posibilidad de solicitar se dé lugar a una cautelar, para lo que deberá demostrar, que la medida que se solicita es razonable, que tiene cierto rango de veracidad, ya que si bien no se puede saber con certeza, debido al momento procesal en que se la articula, existe la clara posibilidad de que efectivamente su derecho de cobro se vea afectado por el transcurrir del tiempo.

Sobre lo último es que se basa mi principal interrogante, ¿cuán amplia debe ser la interpretación del juez a la hora de brindar una medida de este tipo? Por ejemplo, un carpintero ha solicitado un préstamo para agrandar su negocio, pero luego los muebles de madera de China comienzan a ingresar al país con precios muy bajos, lo que lo deja fuera de circulación y sin posibilidades certeras de poder devolver el dinero. En ese caso, ¿el juez podría otorgar una anticautelar sobre los elementos de trabajo indispensables aunque éstos tengan mayor valor que cualquier otro bien del carpintero? En mi opinión, sí. De esta manera, se permite al hombre seguir trabajando, protegiendo la dignidad del mismo, manteniendo su voluntad de trabajo, al tiempo que se da al acreedor una posibilidad, aunque no tan certera, de cobro.

Otra de las preguntas que se me presentó fue la oportunidad en que cada medida debe ser presentada. Parece no haber contradicción en que el tiempo para interponer una anticautelar es antes de que el proceso cautelar se haya iniciado, pero, ¿qué ocurriría en el supuesto caso de que ambas medidas se presenten ante un mismo juez o dos diferentes en el mismo momento?, ¿deberá el juez dar prevalencia a una medida autosuficiente o a una instrumental? Por la naturaleza de ambas, a mí humilde entender debería de dar lugar a la autosatisfactiva, que además no podrá hacerse efectiva en otro momento del proceso, porque ya se convertiría en una sustitución cautelar, proceso que generalmente lleva tiempo y dinero, lo que no sobra al deudor, quien termina finalmente por allanarse a la voluntad leonina del acreedor, lo que también iría en contra del principio civil de que ante la duda siempre debemos estar por lo menos gravoso para el deudor, que en este caso sería, claramente, permitirle disponer de los bienes que cree más productivos a fin de que tenga la posibilidad de seguir trabajando para pagar su deuda y no disponer la posibilidad de la quiebra por el sólo hecho de resguardar al acreedor, quien posiblemente verá su posibilidad de cobro efectiva en otros bienes.

Pero sobre todas las cosas, creo que debe de examinar la verosimilitud de ambos derechos en disputa, tal como ha ocurrido en el fallo “Ceshmas S.A. c/ Fundación Encuentro por la Vida”, en nuestra provincia, que más allá de lo que cada uno de nosotros opine sobre si fue lo correcto o no, los jueces del Superior Tribunal debieron de discernir si existían las condiciones necesarias para otorgar una medida de este tipo.

Finalmente creo, esta como otras, es una herramienta de sumo valor procesal, que nos permite responder con mayor efectividad a los litigantes, pero por sobre todo, es una herramienta de gran valor social, dado que su correcto uso permitirá la concreción de pleitos que podrían durar años, donde ninguna de las partes finalmente se sienta conforme con lo obtenido, permitiéndonos encontrar respuestas más justas a los problemas sociales.