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Doble Indemnización. Ley 25.526
(Abog. Ubaldo Jara Melagrani)

Una cuestión de urticante actualidad es la relativa a la doble indemnización que estableció la Ley 25.526, en momentos en que el país atravezaba una profunda crisis económica, y que ab initio no dudamos en calificar como medida demagógica para enfrentar el problema, pues lo que se requería en lugar de esa arbitraria restricción, que de por sí no resuelve ni resolvió la cuestión económica, eran políticas activas que al parecer sus inspiradores nunca habían oído hablar del new deal, de ROSSEVELT o del keynesianismo. La problemática se plantea parta quienes tienen juicios laborales nacidos al amparo de esa ley, siendo demandados y/o patrones, y las sentencias recien comienzan a dictarse en esta época tan distante de aquella.-

La principal critica que se formula a la ley está referida a que se basa en el llamado "derecho de emergencia" para justificar la aplicación de una legislación referida a un contexto ocurrido hace diez años, cuyas circunstancias a la fecha han desaparecido totalmente, siendo la situación totalmente inversa.-

¿Es sensato aplicar una ley que duplica las indemnizaciones para evitar el desempleo, cuando hoy se habla de que el país tiene uno de los índices mas bajos de desempleo, y aquí en la provincia de coeficientes monagescos: 0,4%?

¿Es razonable aplicar una ley, que como dicen los sentenciantes se legitima en el "derecho de emergencia" válido para situaciones excepcionales de crisis, que fué sancionada para un momento preciso que atravezaba la economía del país, y que ya no existe más, por el contrario impera la estabilidad económica y una política de pleno empleo, amés de lo erróneo de la estrategia adoptada para enfrentar la crisis?

¿Cuál es hoy en día la situación excepcional de crisis que habilita al denominado derecho de emergencia" a alterar las garantías constitucionales tornándolas mas drásticas, como en el caso del art. 14 de la CN?

¿No se está frente a una especie de DESUETUDO, en que la desaparición de las circunstancias extremas que pudieron haberla justificado torna caprichosa y dogmática su terca aplicación?

No se puede ni se debe ignorar la situación fáctica y sus circunstancias que delimitan el contexto respecto al cual un fallo de hoy en día debe subsumir la solución del caso, pues de lo contrario resulta totalmente ilógico aplicar en este momento de cuasi pleno empleo normas citadas para un momento de excepcional crisis, que en esta realidad han perdido toda vigencia.-

Se podrá alegar que la ley no ha sido derogada, pero no se puede perder de vista que tampoco ella dispuso o estableció su vigencia sine die, pues su vigencia estuvo dispuesta para el momento de especial y excepcional emergencia, que hoy ha desaparecido (en realidad desde hace mas de ocho años), habiendo desaparecido las razones que imponían su aplicación, derivando en dogmática su desatinada aplicación.-

Y mayor aún es la arbitrariedad de su aplicación, si se tiene en cuenta que viola flagrantemente la garantía constitucional de IGUALDAD ANTE LA LEY, desde que superada aquella crisis el despido sin causa es retribuido con la indemnización simple que contempla la LCT, lo que quiere decir que sólo por una diferencia de días, dentro del universo laboral en nuestro país, cualquier empleador puede ejercer el derecho al despido sin causa, quedando solo obligado al pago de las pertinentes indemnizaciones, PERO SIMPLIFICADAS, en tanto que su descontextualizada aplicación hoy por hoy conlleva a pagarlas DUPLICADAS. Esta razón de la sinrazón demuestra que la vigencia y ámbito de aplicación de la Ley 25.561 estuvo limitada estrictamente al tiempo de esa emergencia que ella abarcó, pero después perdió vigencia por su propia definición y conceptualización, y la aplicación ultractiva de la misma, desaparecidas las causas que la motivaron, resulta injusta y extemporánea, y por tal, arbitraria.-

Se ha dicho acertadamente que “su transcurso, en ocasiones aparece como la causa generadora de la irrazonabilidad, dado que el paso del tiempo y la dinámica tan veloz y cambiante de las circunstancias, en ocasiones vuelve irrazonable la aplicación de la ley, que en sus orígenes, respondiendo a las demandas de justicia de la sociedad contemporánea, establecía restricciones que a esa época, se mostraban como claramente razonables, pero que en la contemporaneidad, no lo son.” (Ver: La Razonabilidad Temporal” en Nuevos Perfiles del control de razonabilidad constitucional” Ricardo Haro -Emérito de la Universidad de Córdoba. pág.21).-

Para resolver casos concretos el más Alto Tribunal del país ha puesto de manifiesto la mutación de lo razonable en irrazonable y que obliga a declarar la inconstitucionalidad de la aplicación de la ley o reglamento, a un caso.-

Asi “el principio de razonabilidad, exige que debe cuidarse especialmente que los preceptos legales, mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su aplicación concreta, no resulte contradictoria con lo establecidos en la Constitución Nacional” (sentencia del día 03 de Mayo de 1.979 -Fallos:301:319- y que fue reiterado en Fallos 304:972;305:159;307-862 y 906).-

Es que la correspondencia entre el criterio utilizado y la realidad, es necesaria: Por ello se ha dicho “el legislador tiene la facultad de establecer el criterio que estime adecuado a la realidad para proceder a la actualización. Pero las cambiantes circunstancias pueden hacer que la solución legal -no ostensiblemente incorrecta tal vez en su inicio- se torne irrazonable y la norma que la consagra devenga así indefendible desde el punto de vista constitucional” (Fallos:316-3104). Esto lleva gravedad constitucional cuando así se desnaturaliza, suprime altera o restringe un derecho fundamental. Esta Doctrina judicial se aplicó en conocidos casos como ser “Vega” Fallos 316:3104; en “Carvhali”-Fallos 317:756-, “Chocobar” en Fallos 319:3241; “Ricci” en Fallos:321-1.058 “Miranda de Rivero" Fallos 322-232.-

En síntesis y por las razones apuntadas, a nuestro modesto entender, la Ley 25.561 resulta totalmente inaplicable hoy en día, aún obviamente en las causas pendientes de resolución que quedan involucradas por la misma.-